PERDIDA VALOR ADQUISITIVO

Un juzgado obliga a compensar a jubilados por las subidas inferiores al IPC

. Un juzgado de Barcelona ha dictado dos sentencia que obligan a la Seguridad Social a compensar a los jubilados reclamantes el dinero que dejaron de ingresar en 2012 y 2013 debido a la decisión del Gobierno de subir las pensiones por debajo del IPC. El juzgado entiende que esa actuación vulneró el derecho internacional. 

El Gobierno subió las pensiones un 1% en 2012, pero la inflación en noviembre acabó en el 2,9%, por lo que los pensionistas perdieron 1,9 puntos porcentuales de poder adquisitivo. En 2013, las pensiones subieron un 1% las superiores a mil euros y un 2% las inferiores a esa cuantía, pero sobre una base no actualizada con el IPC. Dos sentencias del Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona condenan a la Seguridad Social a abonar la cantidad perdida a dos grupos de 300 y diez pensionistas que demandaron, representados por UGT-Catalunya y el Colectivo Ronda. 

Hasta la reforma de las pensiones con el nuevo Índice de Revalorización que entró en vigor en 2014 desvinculando la subida de las prestaciones del IPC, estas debían actualizarse con la inflación del mes de noviembre para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. La no revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2012 y 2013 fue recurrida por los sindicatos ante el Tribunal Constitucional, que avaló la decisión del Gobierno. Ello no ha sido óbice para que el juzgado de Barcelona considere que el Estado no respeta el contenido de la Carta Social Europa, que insta a los países firmantes a «elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social», ya que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. 

El juzgado insta en una de sus sentencias, considerada la primera de España, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a abonar a los citados jubilados «una paga única compensatoria de su pensión», con la diferencia entre el importe resultante de revalorizar las pensiones un 1%, como hizo el Ejecutivo en 2012 y 2013, y lo que correspondería si se hubiera aplicado el porcentaje real del IPC, que fue superior a esa cifra en ambos ejercicios. La sentencia considera que el Gobierno incumple con su actuación las disposiciones del derecho internacional en materia de Seguridad Social y de garantía de suficiencia económica para los pensionistas que, recuerda, tienen carácter «prevalente». También recuerda las directrices del Convenio 102 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la obligación por parte de los Estados de revisar las cuantías de las pensiones para adecuarlas a posibles «variaciones sensibles al coste de la vida». Por otro lado, el presidente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, apuntó durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado que las arcas de la Seguridad Social llegarán a acumular un déficit cercano al 1% del PIB en los próximos años.

Esto nos demuestra que hemos de estar vigilantes y exigir nuestros derechos en todo momento, que nuestra anquilosada justicia falle a nuestro favor cuando hayamos muerto, es otra cosa.