FATIMA CONTRA LOS ESCRITORES JUBILADOS

Supongo tiene los días contados, pero es mayor a mis fuerzas, una vez mas tengo que sacar a Fátima Bañez cabeza abajo; ha sido el azote de los jubilados durante su mandato pero sigue a la caza de brujas con nosotros en lugar de mandar los inspectores de hacienda a los que mas cobran y defraudan. Karina Sainz en VOZ POPULI nos cuenta su último desaguisado.

Si todo se trataba de un plan maestro para desviar a los ciudadanos a un fondo privado de pensiones, seguro que había formas más sencillas y que no fueran tan perjudiciales para el patrimonio de las letras españolas. Por una parte, varios autores han señalado haber sido objeto de investigaciones y multas, aducen que la reforma de las pensiones aprobada por la ministra de Empleo Fátima Bañez prácticamente obliga a los autores en edad de jubilación a elegir entre su pensión y los derechos de autor, así como cualquier ingreso adicional, por ejemplo, los premios literarios: desde el Planeta hasta el Cervantes.

Del otro lado, el ministerio de Empleo matiza y asegura que la reforma de pensiones no ha sido el punto de partida, sino la aplicación de la Ley Antifraude de 2012 la que ha motivado estas investigaciones, tal y como aseguran sus técnicos "inspecciones laborales". "En España no se puede estar jubilado y cobrar un suelo de trabajo a la vez. En el caso de estos escritores no se trata de los derechos de autor, sino de cualquier otro ingreso por conferencias o charlas, que es distinto". 

Aquel invento que llaman Marca España. Nuestro país es el único de la Unión Europea que no permite a los escritores en edad de jubilación percibir a la vez su pensión y los ingresos por derecho de autor. En esa rara y estrambótica categoría de Marca España que impulsa la lógica de los populares, estas inspecciones prácticamente condena a los más selectos escritores, a aquellos que tienen la obra y la edad para optar un premio como el Cervantes (dotado con 125.000 euros) a renunciar a él. Ese, por ejemplo, sería un ingreso incompatible. A pesar de son los propios afectados quienes lo denuncian, el ministerio de Trabajo insiste en que el cobro de los derechos de autor de los autores jubilados no está prohibidos, sino el cobro de cualquier otro ingreso. 

Eliminar el Premio Cervantes o comenzar por embargar a sus ganadores. De la larga lista de ganadores del premio más prestigioso de las Letras Hispánicas, Fátima Báñez ya lleva dos: hace un mes José Caballero Bonald o Antonio Gamoneda aparecieron encabezando la lista de quienes se han visto obligados a pagar multas de hasta 30.000 euros por el cobro simultáneo de la jubilación y los derechos de autor, algo que podía hacerse desde 1998 y que la reforma de Fátima Báñez penaliza hasta con cuatro años de pensión en caso de que incurran en esta supuesta infracción. Para eso mejor dejar de entregarlo.

Para qué premiar escritores cuando se puede multarlos. Más claro no pudo decirlo Antonio Muñoz Molina en su texto de opinión Con la piedra en la mano, sobre la persecución gubernamental de los escritores jubilados: “España tiene menos inspectores de Hacienda que la mayor parte de los países avanzados, y según todos los indicios el fraude fiscal es escandaloso, igual que los privilegios de las grandes fortunas sobre las rentas del trabajo. Pero una parte de los esfuerzos recaudatorios y punitivos del Gobierno están dedicados a perseguir a escritores que casi siempre reciben pensiones escasas e ingresos inciertos por conferencias, recitales de poemas, colaboraciones, derechos de autor”.

Desincentivar la creación… ¡y la cotización! Un gran grupo de autores reconoce que la gran mayoría de los escritores no cotizan por su actividad creativa, sino por otras asociadas a la docencia o cualquier otro oficio. A pesar de eso, la medida de Fátima Báñez desincentiva por igual la cotización y la creación. El Estado no te pone pegas para que especules con inmuebles o en bolsa, algo que te permite cobrar íntegra la pensión máxima. Esa es una cosa, pero hay otra: no todos son escritores superventas, hay gente que recibe unos derechos de autor mínimos que llegan a colocarlos por debajo del umbral de la pobreza.