JUBILARSE ES UN DERECHO, NO UNA OBLIGACION

El INE prevé -si las cosas no cambian- que España pierda 5,6 millones de habitantes entre 2014 y 2064. En el primer semestre de 2015 nacieron en nuestro país 206.656 niños y fallecieron 225.924 personas, produciendo así un saldo vegetativo negativo a escala nacional y también en 13 de las 17 Comunidades Autónomas.

¿De dónde vienen estos alarmantes datos? Pues, básicamente, de la caída que han sufrido la fecundidad -(Índice Sintético de Fecundidad (ISF) = número de hijos por mujer en edad fértil), que pasó de 2,8 hijos en 1976 a 1,30 en 2015, habiendo llegado a bajar hasta 1,15 en 1998- y la natalidad (número de nacimientos). Y, naturalmente, de una esperanza de vida que es hoy de las más altas del mundo.

Al grave problema que plantea la demografía española se añaden problemas estructurales en la economía que se han agravado durante los años de la crisis, produciendo dos malísimas consecuencias en el número de cotizantes a la Seguridad Social: la caída del empleo y el incremento de la emigración.

Pues bien, en lugar de poner en marcha políticas natalistas para aliviar el problema a medio plazo, lo que se les ha ocurrido a nuestros 'talentos' políticos es perseguir a los jubilados que no quieren vivir mano sobre mano, partiendo, además, de una situación en verdad chusca. De hecho, la jubilación en España es ya prácticamente igual al retiro definitivo, es decir, a la inactividad contemplativa. En efecto, sólo 117.000 personas de 65-69 años están ocupadas y por encima de los 69 años sólo hay 34.000 personas trabajando, y eso será cada vez peor dadas las restricciones que se han impuesto últimamente. Veamos: desde 2013 es posible compatibilizar la pensión con el trabajo remunerado, pero a cambio de renunciar a la mitad de la pensión, pagar una cotización del 1,35% por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional y pagar también una cotización llamada de 'solidaridad' del 8%. Para una pensión máxima estas 'penalizaciones' suponen unos 22.000 euros anuales. Un coste disuasorio que desanima a cualquiera, especialmente al trabajo creador de escritores, periodistas, científicos y, en general, pensadores, que, además de estar sufriendo con especial virulencia la crisis -que ha llevado a pagos ridículos por parte de las editoriales- ahora han de soportar una auténtica persecución, sin que quienes la idearon se hayan parado a considerar la bajada de ingresos que ello iba a suponer para el Estado vía IRPF. ¿O es que se quiere que los creadores trabajen gratis? 

Es cierto que nuestro sistema de pensiones es 'de reparto', pero en el fondo el pago a la Seguridad Social de cada persona ocupada se entiende (y así debe ser) como un ahorro (capitalización) con vistas a la vejez. Y que la devolución de ese ahorro (¿qué es, si no, una pensión?) no puede ser arbitrariamente rebajada sin que quien ha sido cotizante durante muchos años se considere lisa y llanamente robado.

Todo ese afán 'jubilador' se basa en una falacia amplia y repetidamente refutada según la cual «jubilar a los viejos crea empleo para los jóvenes». Una afirmación más falsa que la existencia del éter o del flogisto.

En lugar de perseguir a los jubilados, más valdría elaborar una norma legal que impida semejantes dislates a los 'jubiladores', consiguiendo así reducir drásticamente el número de prejubilaciones. Quien quiera prejubilar contra la voluntad del trabajador, que pague él la pensión. A ver si, por fin, la jubilación es un derecho, pero nunca una obligación.