LAS VERDADES QUE NO NOS CUENTAN

El profesor José Ignacio Ruiz-Conde, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la FEDEA, ha analizado en un interesante ensayo la situación actual de las pensiones y las perspectivas de futuro. En él se cuenta muy a las claras la preocupante situación en la que estamos, y la necesidad de coger ¡ya! el toro por los cuernos.

Destacamos aquí algunos de los datos más significativos que se presentan en el escrito.

Hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones es el único derecho del Estado del bienestar que afecta, de forma directa y en todo momento, a todos los individuos de una economía: bien porque están recibiendo una pensión (los jubilados) o bien porque están contribuyendo al sistema de pensiones y devengando el derecho a recibir una pensión en el futuro (los trabajadores). Es decir, cualquier cambio en el sistema de pensiones afecta a todos los ciudadanos, de una o de otra forma.

La reforma de 2011, tan solo fue capaz de solucionar un tercio de los problemas de sostenibilidad financiera futura. La reforma de 2013 introdujo un factor de sostenibilidad y un nuevo índice de revalorización de las pensiones. Si la evolución de la esperanza de vida se comporta como lo ha hecho en los últimos años, la introducción del factor de sostenibilidad implica que las pensiones iniciales caerán un 5% cada 10 años.

El primer paso para reformar el sistema de pensiones es informar y proporcionar dosis de realidad a los ciudadanos. Tras ello, se debería intentar alcanzar un gran pacto nacional por las pensiones para decidir conjuntamente qué camino queremos seguir para nuestro sistema de jubilaciones. La presión por reformar el sistema aumentará en cuanto llegue la inflación. Con la inflación, el nuevo índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 será el catalizador del cambio. Un cambio necesario, puesto que no tiene lógica económica que todo el ajuste del gasto recaiga en la congelación de las pensiones, que no es otra cosa que la pérdida de su poder adquisitivo.

Caben dos alternativas: transformar el sistema actual en uno puramente asistencial (el Estado proporciona una pensión mínima igual para todos, que necesita complementarse con el ahorro privado) o reforzar el carácter contributivo del sistema (mantener el mismo tipo de sistema que ahora, pero llevando a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad).

Sea cual sea el camino que tome nuestro sistema de pensiones, una cosa está clara: en el futuro, la pensión media como porcentaje del salario medio será más baja que en la actualidad. Y ello va a ocurrir incluso aunque se aumenten los ingresos para financiar las pensiones, por la gran intensidad del proceso de envejecimiento. Por tanto, en los próximos años, habrá que prestar más atención a la depreciación del capital humano, lo cual significa que deberemos reciclarnos para aumentar al máximo las posibilidades de estar en activo hasta la mayor edad posible. El aumento espectacular de la longevidad lo hace inevitable. En el futuro, la edad de jubilación se flexibilizará; se permitirá compatibilizar plenamente la pensión con el trabajo y, salvo por causas de fuerza mayor, en general tendremos que mantenernos activos laboralmente hasta edades mucho más avanzadas de las que observamos hoy en día. Y no habrá nada más rentable que nuestro propio capital humano o formación.