REDISTRIBUIR LAS RENTAS

Entresaco una pequeña parte del comentario de Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona, en PUIBLICO.ES, con el título “El ataque frontal a las pensiones públicas”.

Debería ser obligatorio que las cotizaciones sociales para las pensiones fueran progresivas, de manera que los dirigentes del IBEX-35 cotizaran a la Seguridad Social un porcentaje de sus salarios, si no superior, al menos igual al que cotizan sus empleados. Ello es necesario, no solo por razones de equidad financiera (corrigiendo la falta de progresividad en las cotizaciones sociales), sino por consideraciones de justicia social. La explotación que existe en el actual sistema de pensiones no es el tan manoseado conflicto etario, sino el conflicto social. Es injusto que, en términos proporcionales, la persona de limpieza de los edificios dirigidos por los directivos y gestores del IBEX-35 pague más a la Seguridad Social que los dirigentes que pertenecen a una clase social que vive, como promedio, ocho años más que la persona de limpieza. Así, el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aprobado por el PP y por el PSOE, significa que la persona de limpieza tiene que trabajar dos años más para pagarles sus pensiones a los dirigentes del IBEX-35, que vivirán ocho años más. Ello significa una injusticia enorme, de la cual los medios mantienen un silencio ensordecedor.

Las cantidades que se podrían obtener para las pensiones si el pago por cotizaciones sociales se corrigiera para ser más progresivo podría alcanzar la cifra de más de 7.500 millones de euros al año. ¿Por qué no se hace? La respuesta es fácil de entender: los ricos tienen mucho más poder político y mediático que los demás, y mucho más que los pobres.

Lo que la banca prefiere es indicar que las pensiones públicas son insostenibles, y de ahí que promueva que la gente joven se vaya rápidamente a la banca y a las compañías de seguros para hacerse un plan de pensiones privado. Y, por si fuera poco, piden al Estado que les paguen un subsidio de más de 2.000 millones de euros al año para sostener tales pensiones. Este subsidio público –que podría ir a enriquecer las pensiones públicas- es la exención fiscal que no se paga al Estado para estimular la privatización de las pensiones. Hay que tener en cuenta que las pensiones privadas son mucho más vulnerables que las públicas, como se ha visto en la crisis financiera actual, que tuvo un efecto devastador en tales pensiones, quedando los beneficios prácticamente anulados para millones y millones de personas.

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